Antes de que su iniciativa llegara al Pleno, el senador Clemente Castañeda ya tenía respuesta para la pregunta que inevitablemente la acompañaría: hasta dónde puede entrar el Estado en una organización privada como la Federación Mexicana de Futbol sin convertir la regulación en intervención.
El coordinador en el Senado de la bancada de Movimiento Ciudadano lo planteó así a Sports Illustrated México: “Nosotros no pretendemos sustituir ni a los directivos del deporte, ni a los directivos del futbol, ni siquiera meternos en la regulación particular del futbol. Lo que estamos diciendo es que el mérito deportivo debe ser un principio rector del deporte en México y esto incluye al futbol”.
La iniciativa presentada este miércoles sí introduce desde la Ley General de Cultura Física y Deporte una condición que hoy no existe en el reglamento de la Liga MX: si una disciplina tiene dos o más categorías profesionales, deberá haber entre ellas un mecanismo permanente de ascenso y descenso, “sin excepción alguna”.
Las federaciones conservarían la facultad de definir cómo funciona. Según la exposición de motivos de la inciativa, establecer esos principios “no significa que el Poder Legislativo determine cuántos equipos deben ascender o descender o cuál debe ser el formato de cada torneo”.
Castañeda lo resumió en la tribuna: “No buscamos administrar el futbol ni sustituir a sus autoridades”. La frontera, sin embargo, es más delgada de lo que parece, porque jurídicamente el balompié mexicano no vive en un espacio exclusivamente privado.
Una federación privada con funciones públicas
La Ley General de Cultura Física y Deporte reconoce a las federaciones como Asociaciones Deportivas Nacionales que ejercen, “por delegación”, funciones públicas de carácter administrativo, como agentes colaboradores del Gobierno Federal.
Entre ellas están organizar y calificar las competencias oficiales y actuar como organismo rector de su disciplina.
Los tribunales ya entraron en ese terreno. La jurisprudencia PC.I.A. J/33 A (11a.), publicada en enero de 2023, resolvió en un asunto de la Comisión Nacional de Kartismo que sus comisarios deportivos pueden ser considerados particulares equiparados a autoridad cuando ejercen funciones públicas delegadas.
Sus actos, por lo tanto, pueden impugnarse mediante amparo si afectan de forma injustificada el derecho constitucional a la práctica del deporte.
El criterio no hace de la FMF una autoridad pública ni resuelve si el Congreso puede imponerle un sistema de ascenso, mas bien establece algo más concreto: que ser una asociación privada no deja fuera del control jurídico los actos que realiza cuando ejerce funciones que la ley considera públicas.
En ese razonamiento se apoya la iniciativa, que deja a las asociaciones las reglas técnicas de sus competencias, siempre que se ajusten a la ley y a los principios de la reforma.
El Estado ya entró por otra puerta
Sin embargo, la discusión no empezó en el Senado. El 14 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación publicó el inicio de la investigación IO-001-2026 de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) por posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de “afiliación, organización y acceso a competiciones de fútbol profesional federado en México, así como servicios similares o relacionados”.
El expediente es una investigación, no una acusación. La autoridad todavía tiene que determinar qué conductas existieron, cuál es el mercado relevante y si algún agente económico, incluidos la Liga MX, la FMF, TV Azteca o sus propietarios, incurrió en una práctica ilegal; pero ya revisa cómo se accede al futbol profesional.
No sería la primera vez que una autoridad antimonopolio llega hasta la estructura de la Liga MX. En 2021, la entonces Cofece, que hoy mutó a la CNA, impuso multas por 177.6 millones de pesos a 17 clubes y sancionó también a la FMF y a ocho personas físicas por dos prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichajes: el Pacto de Caballeros y los topes salariales de la Liga MX Femenil.
La iniciativa lleva esa lógica al artículo 50: las asociaciones tendrían que garantizar la libre concurrencia y evitar barreras injustificadas que impidan la entrada de nuevos competidores o den ventajas permanentes a quienes ya están en una categoría profesional.
La vez que el Estado cruzó la línea
El temor a la injerencia tiene antecedente. En 2015, Alfredo Castillo, entonces titular de la Conade, confrontó a varias federaciones nacionales por el manejo y la comprobación de recursos públicos.
La disputa escaló cuando el organismo desconoció estructuras deportivas y pidió la intervención de federaciones internacionales. El Comité Olímpico Mexicano denunció interferencia gubernamental y llevó el conflicto ante el COI.
Durante semanas, México corrió el riesgo de llegar a Río 2016 sin bandera propia: una suspensión del COI al Comité Olímpico Mexicano habría obligado a sus atletas a competir bajo la insignia olímpica. La sanción nunca llegó.
En diciembre de 2015, Conade y COM firmaron un acuerdo: el gobierno conservó sus facultades para revisar la comprobación de recursos públicos, pero la Conade reconoció que no podía imponer cambios de dirigentes ni meterse en el gobierno interno de las federaciones. Las tensiones siguieron, pero México compitió con normalidad en Río.
Los casos no son iguales. Castillo actuó desde el Ejecutivo contra federaciones concretas; la iniciativa de Castañeda fija un principio general en la ley y deja que las organizaciones deportivas decidan cómo aplicarlo.
Eso no la pone a salvo de la FIFA, que ha suspendido a otras federaciones cuando considera que un gobierno invade su autonomía, aunque hasta ahora no se ha pronunciado sobre el caso mexicano.
Las críticas desde Azteca y los intereses alrededor del debate
Las críticas más duras llegaron desde TV Azteca. David Medrano, comunicador de la televisora, calificó en redes sociales lo ocurrido como “un intento más de los políticos de intervenir en el futbol” y cuestionó los intereses electorales detrás de la discusión.
Después, Azteca Deportes publicó una nota que presentó el foro como una búsqueda de “ganancia política” de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027.
Gerardo Velázquez de León, también comentarista de TV Azteca, escribió en Estadio Deportes, medio que dirige, que el encuentro “terminó oliendo a templete”.
Azteca también puso bajo la lupa la relación entre Castañeda y el empresario Arturo Lomelí, propietario del Atlético La Paz. En mayo de 2012, cuando Castañeda coordinaba la campaña de Enrique Alfaro por la gubernatura de Jalisco, compareció públicamente junto a Lomelí durante una controversia sobre Ocean View, inmobiliaria encabezada por el empresario y en la que participaba Alfaro.
Hasta este año, el Mazatlán FC pertenecía a Ricardo Salinas Pliego, y su certificado de afiliación pasó al Atlante mediante un acuerdo con Grupo Salinas. Los Potros volvieron así a Liga MX sin ascenso deportivo.
El gobierno de Puebla y reportes de prensa han vinculado además a Grupo Salinas como propietario de La Franja. Ambos equipos se beneficiaron del cierre del ascenso y descenso: en el Clausura 2025 terminaron en los dos últimos lugares de la tabla de cocientes y, en lugar de descender, pagaron multas.
Castañeda vio una reforma deportiva quedarse a mitad del camino
El respaldo en el Senado no garantiza la ley y Castañeda ya lo vivió.
El 5 de marzo de 2024, el Senado aprobó en lo general, con 79 votos a favor y ninguno en contra, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para establecer un salario base para deportistas profesionales. La minuta no se votó en la Cámara de Diputados antes de que terminara la Legislatura, y Movimiento Ciudadano tuvo que volver a presentarla en septiembre de 2025.
La iniciativa del ascenso arrancó con adhesiones de varias fuerzas. Mauricio Vila, del PAN, no sólo la firmó, también intervino desde su escaño para respaldarla, pero eso tampoco garantiza la mayoría en comisiones ni en San Lázaro.
Dos días antes de presentarla, Castañeda había reconocido a SI México: “No sé al momento de trasladar esto a una iniciativa de ley qué apoyo podamos concitar”. Ya tiene las primeras firmas, le falta convertirlas en votos.
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